UGT emplaza al gobierno sobre el impago de las aportaciones a Retiro

El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Manuel Perfecto Torres, emplazó a la Legislatura y al Departamento de Justicia a que atiendan el constante incumplimiento del gobierno en el pago de las aportaciones a la Administración del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y de la Judicatura (ASR).

También los retó a que adjudiquen responsabilidad a los funcionarios de dicho Sistema que participaron en las perdidosas emisiones de bono que se hicieron en el 2008, por la que la Junta de Síndicos no quiso demandar a UBS, ni pedirle la renuncia al exadministrador de la ASR, Héctor Mayol.

El presidente de la UGT, Manuel Perfecto Torres, hizo los reclamos a la Legislatura y a Justicia el viernes. (Josian Bruno/NotiCel Archivo)

Las expresiones de Perfecto Torres se dieron en el marco de una conferencia de prensa, en la que condenó que la ASR hubiera traspasado alrededor de $22 millones de los fondos del Sistema de Retiro Central al Sistema de Retiro de la Judicatura para cubrir deficiencias en el flujo de caja, lo que afirma es una violación de ley.

Dicha irregularidad fue revelada en un reciente informe de la Oficina del Contralor, en el que también se señaló que el actual administrador de la ASR, Francisco del Castillo Orozco, no interpeló a 32 de los 50 patronos que mantenían deudas con la agencia por concepto de aportaciones (patronales e individuales), Programa de Retiro Temprano (Ley 70), Leyes Especiales y cobro de intereses. Estos 32 patronos, al 15 de octubre de 2013, debían casi $17.6 millones a la ASR.

Perfecto Torres resaltó que si el mismo gobierno central ha incumplido con emitir el pago total de la aportación adicional al Sistema, establecida en la Ley 32 de 2013, cómo se puede esperar que las agencias, corporaciones públicas y municipios cumplan con su deber.

El líder sindical estipuló que la Legislatura tiene que obligar a la Junta de Síndicos de la ASR a que cumpla con su deber de procurar que los patronos remitan el pago de las aportaciones.

“Si la Legislatura, que es la que asigna los recursos económicos a través de los presupuestos, no dispone en el presupuesto que esas partidas de deuda se tienen que pagar… pues definitivamente es un ejercicio futil”, puntualizó ante cuestionamientos de este diario digital.

Al señalarse que precisamente desde la Legislatura se han hecho expresiones de que inmediatamente no se radicaría un proyecto de ley para reasignar a Retiro los $90 millones de la aportación adicional que este año fiscal no llegaron al plan de pensiones, sostuvo que es “una burla”.

Para Perfecto Torres, si la Junta no está utilizando los mecanismos que tiene en su poder para penalizar el incumplimiento de los patronos morosos, el Estado a través del Justicia tiene que hacerlo.

En esa línea, cuestionó por qué  Justicia no ha hecho un referido a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente para que investigue todo lo que ha sucedido en el Sistema de Retiro Central desde la emisión de bonos del 2008 hasta este momento.

“Tu haz aplicado una ley (en referencia a la Reforma de Retiro Central) y penalizas al empleado público que lo único que ha hecho es servirle bien al pueblo de Puerto Rico. Pero los que han creado la crisis se van (y) todo bien, gracias. Nadie les dice nada. Y tiene que haber de alguna manera, algún grado de responsabilidad al que maneje y administre mal los fondos de una entidad como Retiro”, apuntó.

Según dijo, tanto la Junta de la ASR como el propio Gobierno “le huyeron como diablo a la cruz” al reclamo que hicieron varios sectores para que se uniera a una demanda que se había radicado en contra de UBS por su rol en la transacción de las tres emisiones de bono por un total de $3,000 millones que hizo Retiro.

Minutas de la Junta a la que NotiCel tuvo acceso ponen en evidencia que en abril de 2013 dicho organismo optó por no pedirle la renuncia a Mayol, en momentos en que el Senado le había referido una moción aprobada que tenía como fin requerirle que destituyera al funcionario. Esto porque la razón que Retiro tenía para no demandar a UBS era que tenía conflictos de interés porque Mayol fue director de Samuel A. Ramirez & Co., Inc., una de las firmas que había participado en la venta de dichos bonos.

Esto surgió luego de que en octubre de 2012, Mayol admitiera a NotiCel que dicha firma fue uno de los ‘underwriters’ que participaron en esta emisión.

“Mi gestión incluyó también comprar personalmente como 50 mil de esos bonos, que los tengo todavía en mi cartera y exhorto a todos lo que lo quieran comprar que los compren porque es una magnifica inversión”, dijo en aquella ocasión Mayol.

En marzo de 2013, Mayol defendió la gestión de la ASR de solicitar la desestimación del caso al que se le estaba pidiendo al gobierno que se uniera. El caso había sido presentado originalmente por dos pensionados quienes reclamaban una indemnización por la infructuosa transacción recomendada a Retiro por UBS, y en la que la firma de corretaje jugó un papel crucial en la compra-venta de dichos bonos,

“El Sistema de Retiro y su Junta de Síndicos miró esta demanda. Ha hecho dos investigaciones de dos bufetes independientes, que se presentó a la Junta. En ambos casos los bufetes llegaron a la opinión, la que avaló la Junta, y que yo respaldo, de que no tiene mérito la demanda. Ningún pensionado ha sufrido daño alguno, ni el Sistema lo ha sufrido, sobre esa emisión de bono. Tu puedes demandar cuando puedes demostrar daños”, también argumentó Mayol en ese entonces.

De hecho, en una minuta de la Junta de Síndicos del 25 de marzo de 2013 se cita al licenciado Héctor Oliveras, del bufete Pinto Lugo, Oliveras & Ortiz, PSC., señalando que la Junta alegó que “los demandantes no tenían legitimación para demandar, y que de determinarse que la tenían, entonces la Junta no tenía por qué demandar ya que no es un deber ministerial de la Junta hacerlo”.

Mayol le había dicho a la Junta de Síndicos que él entendía que la decisión de hacer las emisiones de bonos “no fue buena, pero el Sistema se iba a quedar sin activos”.

Fueron precisamente las expresiones conflictivas de Mayol las que llevaron a que en abril de 2013 el Senado aprobara la referida moción presentada por el senador Ramón Luis Nieves.

Sin embargo, tras recibir una opinión legal del bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, y supuestamente el Senado no proveer información que sustentara la alegación de conflicto de interés, la Junta de la ASR decidió no pedirle la renuncia a Mayol.

En una minuta del 12 de abril de 2013, se deprende que el licenciado Carlos Rivera del bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, había expuesto que examinó “la ley habilitado de la ASR y en ninguna forma, ni directa ni indirectamente, Héctor Mayol en su rol de administrador, tiene la facultad de demandar”. Este sostuvo que dicha función recaía en la Junta de Síndicos.

Tras preguntas del juez Juan Hernández, representante de los jueces participantes del Sistema de Retiro de la Judicatura, el licenciado Anthony Murray, del bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, le aseguró a la Junta que no existía ningún conflicto o ilegalidad por el hecho de que Mayol comprara $50 mil de dichos bonos.

Murray afirmó que esa compra denotaba que a juicio de Mayol “era una buena inversión”.

En otra minuta del 19 de abril de 2013, Rivera sentenció que como Mayol no tenía la facultad de demandar, pues era “imposible” que tuviera conflicto de interés.

Ante todo esto, Perfecto Torres, opinó que el conflicto de interés que se le adjudicaba a Mayol por no querer demandar a UBS, no debió despacharse por la Junta como “una cuestión de interpretación, meramente de capricho de que yo contrato a un abogado que me dice ahora que la razón que me movió a mi hacer algo que no era correcto, es correcto”.

“Si el Secretario de Justicia entiende que el procedimiento no fue el correcto, la responsabilidad ministerial no es meramente de una Junta de Síndicos. Es del Secretario de Justicia, pues para eso está el Secretario de Justicia, para hacer cumplir las Leyes”, concluyó.