noiva

En su deposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el movimiento obrero puertorriqueño destacó datos suministrados por la propia empresa KPMG, la que hizo el estudio y redactó el proyecto de ley de la transformación del sistema tributario y el IVA, en cuanto a que la implantación del nuevo impuesto y la llamada reforma contributiva resultará en un incremento de alrededor de $2,400 millones anuales en la carga contributiva a la que están sujeta los individuos, mientras que la de las corporaciones se reduce en $449 millones al año.

Agregó la coalición sindical que presentó su ponencia ante la Cámara de Representantes que, de igual forma, los resultados del modelo económico, elaborado por los consultores del Departamento de Hacienda, establecen que ninguna de las categorías de ingresos de los hogares en el país resultará beneficiada con la implantación de la reforma contributiva propuesta. El alivio a la regresividad tan sólo permitirá que los hogares con ingresos de hasta $20.000 no se vean afectados. Esto es, que salgan igual que en la actualidad, mientras que todas las demás categorías de ingresos saldrán perdiendo con su implantación.

Por otra parte, los sindicalistas que presentaron su deposición, entre los que estaba el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Manuel Perfecto Torres, denunciaron que los fondos adicionales que levante el Gobierno con esta llamada reforma serán utilizados para cubrir su déficit operacional y asegurar el repago de3 la deuda garantizada por el ELA y COFINA.

Según los dirigentes sindicales, el servicio a la deuda combinado del ELA y COFINA aumenta en alrededor de $2,600 millones, para un incremento de $537 millones sobre el 2015. Luego, conforma a esa explicación, sigue una tendencia ascendente hasta alcanzar la cifra de $3,500 millones en el 2028. El nivel del requerimiento del servicio a la deuda actual ($2,000 millones) no se recupera hasta que entremos en la década del 2040 al 2050.

En resumen, de acuerdo al movimiento sindical, las propuestas según han sido presentadas resultan en un esquema en el que se le quita responsabilidad contributiva a las corporaciones, específicamente a las megatiendas, y asegura el pago de la deuda al capital financiero y a los fondos buitres.