Fue torpe lo acordado en la Conferencia Legislativa del Partido Popular Democrático (PPD). Lo fue por la avasalladora presión del gobernador Alejandro García Padilla. Se recurrió a gravar el consumo para resolver el problema deficitario del fisco. Imponer un Impuesto a las Ventas y Uso (IVU) de un elevado 11.5% como una transición a un Impuesto al Valor Agregado (IVA) y poner toda la carga de la crisis sobre los hombros del pueblo más que una torpeza, fue un abuso.
Lo conveniente y justo hubiera sido el arbitrio general en la aduana a las importaciones. En un país con una balanza comercial sumamente desfavorable a las exportaciones de productos nativos, el arbitrio general en aduana de un 10% podría generar alrededor de $1,800 millones anuales al fisco.
¿Sabe usted, amigo lector o amiga lectora, cuánto fue la cuantía de lo que Puerto Rico exportó el año pasado? Nuestras exportaciones sumaron $36.8 millones en ventas reales y proyectadas de productos nativos. En contraste, el monto de las importaciones ascienden anualmente a unos $45,000 millones. ¡Qué disparidad! Exportaciones de productos nativos por $36.8 millones versus $45,000 millones de importaciones.
El valor de nuestras exportaciones es una ínfima parte de lo que importamos al país. La balanza comercial de Puerto Rico está extremadamente desbalanceada a favor de las importaciones. Se estima que importamos un 85% de lo que consumimos.
El incremento de un 15% en las exportaciones el pasado año en comparación con las generadas en 2013, fue un avance loable. También lo ha sido que las exportaciones de las compañías nativas abrió la puerta para su crecimiento con un total de unos $69 millones en ventas para los años 2013 y 2014. El caso es que en ese mismo bienio, Puerto Rico importó alrededor de $90,000 millones.
Es significativo, que los mercados claves de exportación para Puerto Rico se estén enfocando en países latinoamericanos, tales como Panamá, Perú, y otros. Latinoamérica, incluyendo, desde luego, algunos de nuestros vecinos del Caribe, han exhibido un gran potencial.
Desde inicios de 2013 hasta el momento, la Compañía de Comercio y Exportación ha realizado doce eventos comerciales, en los que han participado 266 empresas puertorriqueñas. Ahora está siendo más selectiva en los eventos comerciales fuera de Puerto Rico y se ha enfocado en aquellos que tenga potencial de ventas.
La CCE realizó en 2011 una misión comercial en Perú que contó con 11 empresas que lograron oportunidades de negocios de $7 millones en ventas proyectadas. En 2014 se llevó a cabo la segunda misión en ese país, la cual contó con el doble de participantes. Una delegación compuesta por 20 empresas que tuvieron resultados extraordinarios, reportando ventas proyectadas en cerca de los $13 millones.
De alguna manera hay que proteger a la industria nativa. El arbitrio general en aduana de 10% pudiera ser una manera de hacerlo. Hay que facilitar el crecimiento de una industria y comercio que permita el desarrollo de una economía propia y no de dependencia. La seguridad alimentaria de Puerto Rico está en precario. Las leyes federales de cabotaje son una barrera que impide el bienestar económico de Puerto Rico.
Tan sólo dos empresas marítimas controlan el mercado de transportación marítima hacia y desde Puerto Rico. Un 94% de lo que importamos a Puerto Rico se aglutina en el puerto de Jacksonville, Florida. Los abastos de productos alimentarios perecederos en Puerto Rico alcanzan para únicamente entre tres a cuatro días. Tienen que llegar a Puerto Rico cargamentos por mar de alimentos perecederos tres y cuatro veces por semana. Los alimentos congelados, alcanzan sin importaciones unos 16 días que es lo que tarda en llegar algún barco o una barcaza de Estados Unidos a Puerto Rico con estos alimentos.
Nada de esto se evaluó en la Conferencia Legislativa que el Gobernador convocó hace unos días para acordar un proyecto legislativo de recaudos al fisco. Se optó por lo más fácil y trillado. No hubo una evaluación responsable de otras consideraciones simultáneas y colaterales con la necesidad de mayores recaudos al fisco para evitar los tijeretazos a prestaciones de servicios de las agencias del Gobierno y la reducción de dos días de trabajo en la jornada mensual de los empleados públicos.