Las poco más de tres semanas de la nueva administración gubernamental del gobernador Ricardo Rosselló Nevares han sido muy intensas para el movimiento obrero, debido a que los ajustes económico y fiscal que se proponen recaen exclusivamente sobre los hombros de la clase trabajadora, a la que se pretende convertir en la pagana de la crisis que crearon los gobernantes de turno del país.

En estos tempranos días de la nueva administración de Gobierno tras las elecciones generales del país se ha arremetido atropelladamente y de manera acelerada con legislaciones a toda prisa contra las trabajadoras y trabajadores con dos proyectos de ley: la mal llamada reforma laboral y la de un empleador único en el Gobierno.

Ante ambos intentos de legislación atropellada, la UGT ha respondido con prontitud y ha acudido a la Legislatura y en manifestación y conferencia de prensa frente al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a dejar sentir su indignación y la más rotunda oposición a ambas piezas legislativas por encargo de los intereses patronales. Además, se organizó un seminario sobre la Ley PROMESA y la reforma laboral, en coordinación con la Alianza de Sindicatos.

No obstante la premura del movimiento sindical en argumentar en vistas públicas legislativas su oposición a esta embestida de los intereses patronales que financian las campañas políticas y a las que se ha correspondido con estas legislaciones, el proyecto legislativo de la reforma laboral se aprobó en la Cámara de Representantes y el Senado le incorporó algunas enmiendas cosméticas, por lo que se encuentra en estos momentos en conferencia legislativa para acuerdos de concurrencia con dichas enmiendas y se espera su aprobación.

¿Cuál es el contenido de este proyecto de ley enmendado?

  • Período probatorio automático de 12 meses para los empleos especializados y de nueve meses para el resto de los trabajadores.
  • Por un período de un año, originalmente se proponía de dos años, el patrono pagará tan sólo el 50% del bono de Navidad reducido del tres al dos por ciento la fórmula para determinar el ingreso salarial anual del empleado establecido por ley. El trabajador tiene que trabajar 1,350 horas al año (ahora son 700) para tener derecho al bono de Navidad,
  • Altera el concepto de horas extras, eliminando para todos los efectos prácticos las horas extras diarias e imponiendo el concepto de 40 horas semanales para considerar la jornada de trabajo, permitiendo jornadas diarias de 10 horas sin pago de horas extras.
  • Reducción originalmente de la tasa de acumulación para días de enfermedad de 12 a un máximo de seis meses, pero el Senado incorporó una enmienda para dejar intacta la licencia por enfermedad de 12 días al año.
  • Reducción de la tasa de acumulación para vacaciones de 15 a un máximo de 6 días al año si se completa las 52 semanas de 40 horas trabajadas al año.
  • Se impone el flexitimes (horario flexible de jornada diaria de trabajo).
  • Derogación de la Ley de Cierre.

Efectos de la reforma laboral en la economía:

  • Empobrece a la clase trabajadora
  • Propicia el éxodo migratorio a Estados Unidos
  • Propina un golpetazo a la banca con el período de 12 meses de probatoria en el empleo, haciendo más dificultosa la concesión de créditos de todo tipo a los trabajadores.
  • Provocará la quiebra de un sinnúmero de pequeños comerciantes, debido a que colmados, panaderías, tiendas convenientes de las gasolineras se beneficiaban de las horas durante los domingos que los grandes comercios y mega tiendas tienen por ley bajo la Ley de Cierre permanecer cerrados.

El empleador único, por su parte, va desarticulando la Ley 45 de Sindicación de los Empleados Públicos al tener el Gobierno la facultad de trasladar a un servidor público a una Agencia Público-Privada (APP) o a una entidad sin fines de lucro que incursione en el ofrecimiento de un servicio que presta ahora una agencia a la ciudadanía, sin que ya deje de cobijarlo el estatuto laboral que garantiza al empleado público los derechos de trabajador sindicalizado y quedaría sujeto a la llamada reforma laboral como empleado nuevo en la empresa privada.

Es preciso ver a políticos, burócratas y tecnócratas de los gobiernos de turno en Puerto Rico presentarse a la prensa cual magos sacando conejos de la chistera para apologizar una propuesta del momento.

Para el secretario de la Gobernación, William Villafañe, el proyecto de unificar las agencias y entidades del Gobierno en un empleador único tiene la intención de crear oportunidades de crecimiento profesional para los servidores públicos, pero obteniendo ahorros gubernamentales a la misma vez.

En su arte de prestidigitación e ilusionismo, Vilafañe logra la magia de atribuirle la virtud de servir para proveer el reclutamiento interno en el Gobierno como prioridad y de forma paralela reorganizar al Gobierno sin despedir ni a un empleado público, evolucionando hacia un entramado gubernamental más sencillo y con menos organismos administrativos.

Lo que no dice Villafañe es lo de ir desmontando con el empleador único la Ley 45 de Sindicación de los Empleados Públicos con los traslados a una Agencia Público-Privada (APP) o a una entidad sin fines de lucro.

¡Ah, pero Villafañe revela el truco de su magia! Y agrega inmediatamente: “ya existe la capacidad y la tecnología para consolidar gran parte de esas oficinas, sea en niveles intermedios o central”.

Se alega que esa obra de magia que se hace con el empleador único fue producto de la necesidad de resolver el problema del gigantismo gubernamental de contar con 118 agencias a un costo de $21,000 millones para ofrecer 340 servicios a la ciudadanía.

Sin restar el mérito de eliminar redundancia operacional de servicios gubernativos, la razón de que haya 118 agencias para 340 servicios a la ciudadanía es que, según datos del Censo comprobados en 2014, el porcentaje de hogares que recibía beneficencia era de 38.6%.

La mediana de ingreso en el hogar decreció entre el 2014 y el 2015 de $18,928 a $18,626. Además, en el 2015, el 46% de las personas y el 43% de las familias se encontraban bajo nivel de pobreza. Por su parte, en familias donde la mujer es jefa de hogar sin esposo presente, el 60% estaban bajo nivel de pobreza.

En un país con altos índices de pobreza, el Gobierno benefactor se convierte en una opción para compensar la abismal desigualdad económica.

La acometida a la crisis económica y fiscal de Puerto Rico invierte el proceso resolutivo. Se pretende resolver el déficit fiscal sin primero resolver el problema de decrecimiento económico. Con esto se revela la verdadera intención de la Junta: intermediar a nombre de Wall Street para cobrar los pagos a la deuda pública con los bonistas.

Lo cierto es que habría que comenzar por resolver el decrecimiento económico y la descapitalización de Puerto Rico que impide los debidos y necesarios recaudos al fisco para entonces poder solucionar la deficitaria situación fiscal que convierte en impagable la deuda pública del país. El decrecimiento económico agobia al país desde hace más de dos décadas. No obstante, la inmediatez de abordar el problema del impago de la deuda domina el proceso.

En carta enviada por el presidente de la UGT, Gerson Guzmán, al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el dirigente sindical indica concordar con la apreciación del Primer Ejecutivo de que “no se puede aumentar aún más la carga de impuestos a los trabajadores(as) y a los pobres, mientras se da exención contributiva a las mega corporaciones y a los millonarios.

Dice Guzmán López, además, estar de acuerdo en no sacrificar la salud de nuestro pueblo y al acceso a los servicios de salud o hacer recortes propuestos a las pensiones o limitar el acceso a la educación de nuestros niños y jóvenes.

“En todo momento hemos sido enfáticos en expresar, señalar y documentar que las propuestas que van dirigidas a empobrecer más a los trabajadores y a los pensionados no son la alternativa para que nuestro país salga de la crisis económica y tenga el desarrollo económico que necesitamos”, se manifiesta en la misiva al Gobernador.

Ante toda esta realidad antes descrita, al movimiento obrero no le resta otra alternativa que la lucha y la militancia de resistencia total para hacerse sentir ante el Gobierno y la Junta de Control Fiscal. No hay de otra. La receta para prevalecer es lucha y más lucha.