Estándose conmemorando la Semana del técnico sociopenal que culmina este próximo sábado, el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán López, emplazó al Secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón Suárez, a que haga justicia a estos profesionales del Programa de Comunidad del Departamento que él dirige, afiliados a la División de Empleados Públicos de ese sindicato, y se retracte de la directriz impuesta el pasado 21 de agosto sobre las salidas de campo y tareas operacionales de estos funcionarios públicos.

Guzmán López indicó que la directriz del pasado 21 de agosto expresa “un rígido protocolo sobre las salidas de campo y tareas operacionales y mandata, plegándose a las instrucciones de la Junta de Supervisión Fiscal, una reducción de $160,000 mensuales a la partida de dietas y millajes de los técnicos sociopenales, lo que se traduce en reducir las visitas de campo a únicamente una visita a la semana.

Al modo de ver del dirigente sindical, los efectos de estas limitaciones implican que “afectaría la ejecución de una supervisión adecuada en los casos que así lo ameritan, como, por ejemplo, en las unidades especializadas, asuntos de ofensores sexuales y/o violencia doméstica, “Drug Court”, supervisión electrónica, pases extendidos, reciprocidad, libertad bajo palabra y libertad a prueba.

Esta limitación en las salidas de los sociopenales, según Guzmán López, supondría “un riesgo de aumento en la incidencia criminal y se malograría directamente el proceso y continuidad de las investigaciones, al fragmentar las mismas entre distintos técnicos, entre muchos otros peligros”.

Manifestó que “se hace injusto y reprochable que se continúen haciendo recortes a los sectores más desventajados del país, mientras el Gabinete del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, desfalcan al país con sus sueldos y contratos exorbitantes”.

“La UGT exige que se nos haga partícipes de la toma de decisiones en asuntos concernientes a las labores de los sociopenales, de modo que ni los trabajadores, ni nuestros participantes, sufran a causa de una crisis fiscal por una deuda pública impagable que nosotros no causamos y que no implica carga económica alguna para ciertos sectores privilegiados en particular”, enunció el dirigente de la UGT.

Indicó que la directriz se produjo cuatro días después que el 17 de agosto de 2018 la UGT radicara una querella en primer paso solicitando el pago de las dietas y millajes, según establecido en el convenio colectivo firmado con la UGT, en cuyo proceso de negociación fue portavoz alterno por la parte patronal el actual Secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón Suárez.