En conferencia de prensa celebrada en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, UGT junto a diversos sectores rechazan el Proyecto de la Cámara 1115, que propone eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo

En conferencia de prensa celebrada en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, diversos sectores expresaron su rechazo al Proyecto de la Cámara 1115, medida que propone eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. Los participantes advirtieron que la aprobación del proyecto representaría un retroceso para la clase trabajadora, al sustituir un proceso técnico y periódico de evaluación por decisiones sujetas a criterios políticos. Esa es precisamente una de las críticas que también han recogido medios y portavoces legislativos de oposición en los últimos días.

La oposición al proyecto sostiene que la Comisión fue creada para revisar el salario mínimo con base en estudios económicos y en la realidad del costo de vida en Puerto Rico, y recuerdan que bajo ese mecanismo se aprobó el aumento más reciente hasta $10.50 por hora. Según los sectores que rechazan la medida, eliminar la Comisión abriría la puerta a frenar futuras revisiones salariales y debilitaría la protección de los trabajadores y trabajadoras frente al alza en los costos de vida.

Durante la actividad también se subrayó que el debate no se limita al salario actual, sino al mecanismo futuro para revisarlo. La controversia central es que el PC 1115 no reduce de inmediato la tasa vigente, pero sí cambia quién tendría el poder de decidir los próximos aumentos: dejaría de ser una comisión especializada y volvería a manos de la Asamblea Legislativa. Quienes se oponen entienden que ese cambio pone en riesgo la estabilidad y continuidad de una política pública diseñada para responder a la situación económica del país.

En síntesis, la conferencia de prensa sirvió para denunciar que el Proyecto de la Cámara 1115 debilita la política pública de salario mínimo en Puerto Rico y amenaza un instrumento creado para evaluar aumentos de forma más objetiva. Los portavoces reclamaron que la medida no sea aprobada y defendieron la permanencia de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo como un mecanismo importante para la justicia salarial y la protección del poder adquisitivo de la clase trabajadora.