Es hora de abordar la crisis fiscal con seriedad, señor Gobernador

Está bueno ya de inquina y animadversión por parte del gobernador Alejandro García Padilla hacia los seis representantes a la Cámara del Partido Popular Democrático (PPD), correligionarios suyos, que votaron en contra del proyecto legislativo del IVA y de la llamada Reforma Contributiva. No es hora de revanchismos, sino de procurar soluciones a la crisis económica y fiscal que agobia al pueblo de Puerto Rico.

Esa estrategia de vender políticamente la apreciación de la dicotomía entre el IVA o el cierre parcial y reducción en la jornada semanal de trabajo de los empleados públicos está abocando al país al precipicio. Entonces, ya no habrá salida. El gobernador García Padilla tiene que actuar más responsablemente y con más madurez.

Vamos a analizar fríamente las cosas. Su argumento en el pasado fue que para el próximo año fiscal iba a aprobar un presupuesto al Fondo General de cuantía menor al presupuesto actual que finaliza el próximo mes de junio. El presupuesto actual asciende a $9.565 millones. Si como se dice oficialmente, los ingresos recurrentes del fisco son de $8,800 millones y se necesitan, por encima de esa cifra, unos $947.2 millones para las operaciones normales del Gobierno y para cumplir con los compromisos inmediatos del pago a la deuda, entonces el presupuesto que está proponiendo para el próximo año fiscal es de $9,747 millones. Esto representa un presupuesto mayor al actual por unos $182 millones.

El cuadro fiscal que se ha presentado al país es que los gastos operacionales del Gobierno han ido descendiendo debido a los ajustes fiscales hechos por la presente administración, entre otras razones, por una reducción en la nómina de las agencias y corporaciones públicas. Lo único que sigue creciendo es el monto al servicio a la deuda. Esto implica que necesitaremos un presupuesto mayor todos los años para cumplir con el pago de la deuda, que crecerá exponencialmente por un período en los próximos años gracias a acuerdo hechos por la pasada administración de Luis Fortuño.

Como se ha demostrado fehacientemente, el problema de déficit fiscal no obedece a un excesivo gasto gubernamental. Los datos del Banco Mundial revelan que la inversión que se hace en Puerto Rico en la operación del aparato gubernamental y para obras públicas es de apenas 10 centavos por cada dólar del Producto Bruto Nacional (PNB), en tanto que en Irlanda es de 37.7% (o sea, poco más de 37 centavos) y en Singapur del 18% (dieciocho centavos).

Como bien dice la ex Secretaria de la Gobernación, Ingrid Vilá, el problema no es que haya demasiados empleados públicos en comparación con la población de Puerto Rico. El problema es que el sector privado es pequeño y no hemos logrado que crezca. En 2013, el 7% de la población de Puerto Rico trabajaba en el Gobierno. Para esa misma fecha, trabajaba en el Gobierno de Estados Unidos, la nación que es el ícono del capitalismo y de la actividad empresarial de capital privado, un 6.4% de la población.

El problema real de fondo es que no únicamente no hay una actividad económica en Puerto Rico que permita generar recaudos suficientes al fisco, sino que la situación se complica con un Gobierno ineficiente que no aprovecha adecuadamente el presupuesto para sus operaciones ordinarias.

Pero dentro de la situación actual inmediata de falta de dinero fiscal para cumplir con las obligaciones gubernativas y con el servicio a la deuda durante el próximo año fiscal, los seis representantes que votaron en contra del IVA han presentado alternativas para conseguir los $967 millones que hacen falta.

Conforma a lo que se ha indicado, se lograría acumular esa cifra promoviendo $400 millones en ahorro; $105 millones en el “transfer pricing” (el impuesto que pondría a las megatiendas a pagar por las ganancias que transfieren fuera de Puerto Rico a través de las ventas que se hacen entre sus compañías); $35 millones en el cobro a la sobretasa a corporaciones que ganan $600 millones o más; $60 millones de los $80 millones que se lograrían con el cobro del impuesto al refresco, así como $350 millones con un aumento al impuesto a las empresas foráneas.

Esas son propuestas que ya estos legisladores han discutido en el caucus, con la Comisión de Hacienda y con el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza. No se trata de un invento de números que ellos hacen para salir del paso. Son números que ya validó el secretario de Hacienda o la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

Nada. Que lo único que hace falta es voluntad política y echar a un lado el revanchismo y la animadversión intrapartita existente en el partido de Gobierno.

Grecia está dando ejemplo de cómo lidiar con la deuda y con los acreedores. Hasta ahora, Grecia ha logrado honrar los servicios de su deuda externa y pagar los sueldos de los empleados públicos y las pensiones, aun cuando se fue quedado sin dinero para el fisco y no ha recibido préstamo alguno de la eurozona o del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde agosto de 2014.