La Unión General de Trabajadores se opone al mal negocio del Gobierno al arrendar por un dólar anual el Hospital Regional de Bayamón

La aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 271, que facilita el arrendamiento del Hospital Regional de Bayamón constituye un acto de despojo al pueblo de Puerto Rico de un valioso activo y resulta en un mal negocio el alquiler del mismo por la cantidad nominal de $1. al año. Sobre todo, cuando se ordena al Departamento de Salud llevar a cabo una auditoria del costo de las operaciones de dicha facilidad para asignarle la responsabilidad de transferir anualmente esa cantidad de dinero a la Universidad Central del Caribe. Así lo denunció en el día de hoy el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson L. Guzmán López.

Este es el tipo de transacción donde se privilegia a la entidad privada que recibe la propiedad pública, mientras la carga económica del sostenimiento de la misma permanece como responsabilidad gubernamental. Transacciones como éstas fueron las que dieron lugar a grandes pérdidas cuando se traspasaron a precio de quemazón los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) al implantarse la Reforma de Salud y cuando no resultaron el gran negocio que esperaban las entidades privadas revirtieron al Departamento de Salud que ya no contaba con los fondos necesarios para sostenerlos.

El líder sindical denunció, además de lo oneroso que resulta el acuerdo contemplado en la resolución para el gobierno, la forma irresponsable en que se aprobó la medida en la legislatura. “Una vez más se aprueban medidas controversiales como ésta, en el último minuto de la sesión legislativa, en la oscuridad de la noche, sin consultas y sin vistas públicas para dar la oportunidad de examinar las consecuencias de las mismas y considerar otras alternativas que puedan servir mejor el interés público”—anotó el líder sindical.

“El Hospital Regional de Bayamón es una facilidad hospitalaria que no genera pérdidas. Todo lo contrario, anualmente cubre sus gastos con ingresos del orden de los $69 millones y gastos por $58 millones, lo cual implica un sobrante anual de $11 millones. En el descargo de nuestra responsabilidad con la ciudadanía y los trabajadores de la salud que representamos, estamos solicitando del Gobernador que vete la medida aprobada en la legislatura por constituir la misma un acuerdo que en muy poco favorece el interés público, aunque consideremos valiosa la preparación de los médicos que se forman en el centro universitario¨—concluyó Guzmán López.