El movimiento obrero se une al llamado del pueblo y a las diferentes convocatorias que han surgido para pedir la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez por su negligencia ante la emergencia que enfrenta el país luego del terremoto del pasado 7 de enero e invitan a sus matrículas y al pueblo en general a manifestarse el jueves 23 de enero a las 5:00 p.m. en el Capitolio para defender la salud y la vida de todos los puertorriqueños.

“Nosotros como parte de un pueblo indignado por la inacción y mal manejo del gobierno de Wanda Vázquez, ante esta nueva emergencia, le pedimos la renuncia a la gobernadora, no solo por dilatar la entrega de suministros a los damnificados del terremoto sabiendo de la existencia de almacenes y artículos de primera necesidad, sino también por permitir se le mintiera al pueblo en cuanto al restablecimiento del sistema eléctrico después del temblor y por no atender ninguno de los reclamos que le hicimos como gremios al comienzo de su mandato como gobernadora” expresaron.

Para los líderes gremiales el descubrimiento de almacenes suplidos para atender una emergencia en diferentes partes de la isla y el mal manejo de los suministros en el almacén de Ponce es inaceptable y reprochable por lo que exigen se procese criminalmente a todos los responsables que atentaron contra el bienestar y la vida del pueblo.

Los líderes sindicales de diferentes gremios como Unión General de Trabajadores (UGT), Sindicato de Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), United Auto Workers (UAW), UNETE, Federación Central de Trabajadores, Local 481 UFCW (FCT), UTIER, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Federación de Trabajadores de Puerto Rico (AFL-CIO), Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR (Heend), entre otros explicaron que marcharán desde el Capitolio hasta Fortaleza donde se manifestarán junto al pueblo y denunciarán a su vez la inseguridad que existe tanto en las escuelas como en los edificios públicos.

“El asunto de la negligencia de este gobierno, no solo se está dando con los damnificados sino también con los empleados de gobierno, incluyendo maestros y empleados no docentes, que se les está exigiendo que trabajen en edificios que sufrieron daños con los temblores y que no han sido certificados como seguros. No se han mostrado las certificaciones de las inspecciones realizadas a los edificios de las diferentes agencias de gobierno por parte de ingenieros estructurales ni se les ha notificado si lo edificios están aptos para recibirlos a ellos como empleados y a los cientos de ciudadanos que a diario visitan las oficinas para recibir servicios” reclamaron.