El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán pidió a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) condicione la asignación millonaria, proveniente de la Ley Cares, a instituciones hospitalarias a que no reduzcan la jornada de los empleados de los hospitales o despidan personal en las instituciones que reciban dichos fondos.

“Es sumamente beneficioso para el país y para las instituciones hospitalarias esta millonaria asignación de fondos para que puedan adquirir equipos, realizar mejoras temporeras entre otros gastos relacionados a la pandemia del Covid-19, pero hay que condicionar que los hospitales que reciban esta ayuda no reduzcan jornada ni despidan empleados, como hicieron durante la pandemia centros de salud como el Sistema Integral de la Montaña (SIM) y hospitales como Hima San Pablo entre otros, porque ¿de qué vale recibir dinero para materiales y equipos de protección y mejorar los servicios, pero no tener el personal que dará ese servicio de calidad?”, cuestionó.

El presidente del sindicato, que representa trabajadores de la salud en todos los hospitales del gobierno, hospitales privados, centros de diagnóstico y tratamiento y otras facilidades médicas insistió en que los hospitales deben mantener completa su plantilla de empleados.

“Los hospitales y centros de salud deben asegurar que se mantendrán los empleados. Hemos visto como durante la pandemia cientos de trabajadores fueron despedidos aun cuando su labor era indispensable en momentos en que el país y el mundo vive una pandemia. Las agencias pertinentes deben velar y exigir que estas instituciones que recibirán este dinero mantendrán todos sus empleados que son quienes brindan los servicios a los pacientes que son la razón de ser de un hospital”, puntualizó.

El líder sindical también requirió la fiscalización del uso que se dará a los $75 millones que se desembolsará a los hospitales y otros centros de salud elegibles.

“La AAFAF, el Departamento de Salud, la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico (ASES) y demás agencias pertinentes deben fiscalizar y exigir a estas instituciones hospitalarias cumplir con el uso de fondos asignados y con los requerimientos de salud y seguridad para que, tanto empleados como pacientes, se sientan seguros”, añadió.


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