Una decena de sindicatos expresó su preocupación y rechazo a la reapertura social sin contar con las medidas necesarias para garantizar la salud y la vida del pueblo trabajador. Al mismo tiempo que denunciaron la lentitud del Gobierno para proveer las ayudas que se han dispuesto para asistir a las familias en su confinamiento, las deficiencias administrativas del Departamento del Trabajo para atender satisfactoriamente las solicitudes del Seguro por Desempleo y el innecesario e incomprensible atraso en la realización masiva de las pruebas diagnósticas de coronavirus.
“La clase patronal, con la falta de sensibilidad que la caracteriza, ha venido presionando para que se abra, en aceleradas etapas, la actividad económica. Aunque desde el primer momento que se dispusieron las medidas de confinamiento se tuvo claro el impacto negativo que tendría el mismo sobre nuestra ya deteriorada economía, se reclama ahora por el grupo empresarial que se reabra la actividad económica, aun cuando en el país no se cumple con las guías que ha establecido la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacerlo”— explicó Gerson Guzmán, presidente de la UGT.
De igual modo, Ángel Pinto, Presidente del Capítulo Autoridad de Carretera de Prosol Utier expresó que la apertura de la actividad económica, no corresponde hacerla sin antes asegurarse del cumplimiento con las condiciones mínimas necesarias para garantizar que no ocurra lo que, en otros países, donde “la irreflexiva acción de los empresarios ha conllevado un incremento del contagio por coronavirus en la población y un nuevo y más penoso confinamiento y distanciamiento social”.
Uniéndose al reclamo, Jannell Santana, presidenta de la HEEND añadió que “En su propuesta al Gobierno y en las pocas comparecencias públicas que han hecho los empresarios y los funcionarios de gobierno que apoyan su reclamo, han sostenido su petición en las estadísticas que hoy se manejan en el país. Todos sabemos, y reconocemos, la fragilidad y falta de credibilidad que acompaña las mismas. Por razones que a todos nos resultan inexplicables, las pruebas masivas y el seguimiento las personas que han dado positivo a las mismas no se han realizado. Ni siquiera se ha llegado a 1% de la población para realizarle pruebas”
Los líderes sindicales de las Unión General de Trabajadores (UGT), Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (HEEND), UNETE, Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), UTIER, ProSol UTIER, Movimiento Solidario Sindical (MSS), Federación Central de Trabajadores (FCT) y Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) recalcaron que los empresarios que han insistido en esta apertura inmediata han sido muy parcos al hablar sobre las medidas de seguridad que tomarán en sus respectivas empresas para prevenir el contagio y la propagación del coronavirus una vez comiencen a operar.
“Los funcionarios de gobierno que apoyan a los empresarios que insisten abrir no han hecho claro cómo van a supervisar y hacer cumplir los llamados protocolos de seguridad que se establecerán en los diferentes centros de trabajo. Consideramos que insistirse en la apertura económica no puede dejarse a la libre determinación de los empresarios ante el cumplimiento con las medidas máximas de seguridad que deben imponerse y supervisarse adecuadamente” — demandó Antonio Cabán, presidente de la FCT, Local 481/UFCW.
Para el liderato sindical, la Gobernadora y su Equipo Asesor de Salud, junto al Secretario de Salud, deben tomar en consideración la propuesta alterna que han señalado los científicos Marieli González Cotto, bióloga molecular y el profesor de Penn State University,Alexis Santos Lozada, demógrafo. Ambos proponen un abarcador programa de muestreo y análisis de los focos infecciosos ya identificados, supermercados, cuarteles de Policía, tiendas, cárceles y hospitales, en conjunto con el rastreo científico de los contactos de los contagiados, antes de tomar ninguna decisión de reapertura social y relajamiento de las medidas ensayadas al presente, señaló Mercedes Martínez,Presidenta de la FMPR.
Karen De León, presidenta del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) reclamó que se le se le impongan sanciones a los patronos privados y públicos que actualmente no cumplen con los protocolos de salud y seguridad específicos contra el contagio de COVID-19 y que en la eventualidad de reapertura igual incumplan.
Del mismo modo, Liza M. Fournier, presidenta de UNETE reclamó que se les incluya a los sindicatos participar y ser parte de los Comités de Supervisión de estos protocolos de seguridad en cada centro de trabajo, igual en los Comités de Salud y Seguridad.
“Para cada uno de nosotros la salud y la vida de cada ser humano está por encima de los intereses económicos que pueda tener la clase empresarial del país. Las decisiones de vida o muerte de los seres humanos no pueden estar sujetas a consideraciones del cálculo económico”, añadió José Rodríguez, Presidente del Movimiento Solidario Sindical (MSS).
“Así como nos parece aterrador que un médico tenga que eventualmente disponer quien se salva y quien sobrevive ante la disponibilidad de un solo respirador, no quisiéramos que el control sobre la pandemia alcanzado en Puerto Rico se arriesgara a empeorar porque los empresarios no quieran hacer uso de sus ahorros y el capital acumulado para dar el espacio para que las cosas se hagan bien” puntualizó Ángel Rodríguez, presidente de la APPU.
