La medida presentada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ante la Asamblea Legislativa para que se delegue exclusivamente en él la potestad de consolidar y eliminar agencias del Gobierno a su entera discreción mediante órdenes ejecutivas es considerada por el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán López, como sumamente peligrosa y un golpetazo a la democracia del país.

Esta medida, según ha señalado el propio gobernador Rosselló Nevares, fija como meta reducir a 35 las 131 agencias del Gobierno existentes, lo cual equivaldría a un recorte de 73% del tamaño gubernamental.

El dirigente sindical catalogó la medida como “una transferencia dictatorial de poderes al Gobernador que atenta contra el principio democrático de división de poderes en tres ramas gubernamentales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en un sistema de Gobierno republicano como el que existe en Puerto Rico y Estados Unidos para que el poder esté distribuido y no haya autocracias, regímenes autoritarios ni una dictadura”.

Agregó que el costo político de ahorrar $190 millones con la medida de concentrar un peligroso poder absoluto en el Gobernador es muy alto para nuestro sistema democrático. “No es justificable sacrificar la democracia del país para obtener un alegado ahorro fiscal de $190 millones con la consolidación y eliminación arbitraria de agencias del Gobierno. La democracia no tiene tan bajo precio”, sostuvo Guzmán López.

Por otro lado, el líder sindical cuestionó el ahorro que se pueda lograr con la consolidación de agencias, puesto que en el caso de las agencias de seguridad, el Gobierno no ha evidenciado el logro de ahorro alguno con la fusión de ellas. Por el contrario, el nombramiento de un jefe sombrilla adicional, con un sueldo extraordinario, como en el caso de Héctor Pesquera, constituye un gasto adicional que no se contemplaba antes de la consolidación.

Recordó, por último, que los trabajadores han tenido malas experiencias con las órdenes ejecutivas del Gobernador, gran parte de las cuales fueron para arrebatarles derechos y beneficios laborales históricos. Una de esas órdenes ejecutivas recientes, mencionó Guzmán López, fue para dejar en pausa la vigencia de los convenios colectivos en el sector gubernamental por 30 días, tomando como excusa la emergencia nacional tras el paso del huracán María.