Hoy los trabajadores y trabajadores de todas las latitudes celebramos nuestro día. Lo hacemos con el orgullo y la conciencia de ser los que producimos toda la riqueza que se genera en el mundo. Es nuestra aspiración que la misma se distribuya de forma más equitativa para que todos alcancemos un nivel de vida superior con mayor calidad de vida para nuestras familias.
Diferentes organizaciones sindicales que han venido celebrando una intensa y efectiva Jornada Virtual en saludo al 1ro de mayo rechazaron enérgicamente las amenazantes expresiones que ha hecho la Policía de Puerto Rico en torno a su unilateral decisión de reprimir las manifestaciones públicas que puedan desarrollarse en el día de mañana.
Una decena de sindicatos expresó su preocupación y rechazo a la reapertura social sin contar con las medidas necesarias para garantizar la salud y la vida del pueblo trabajador. Al mismo tiempo que denunciaron la lentitud del Gobierno para proveer las ayudas que se han dispuesto para asistir a las familias en su confinamiento, las deficiencias administrativas del Departamento del Trabajo para atender satisfactoriamente las solicitudes del Seguro por Desempleo y el innecesario e incomprensible atraso en la realización masiva de las pruebas diagnósticas de coronavirus.
Ante la insistencia de la Junta de Control Fiscal y su mandato para que el Gobierno de Puerto Rico se deshaga de la Corporación para la Difusión Pública y sus emisoras de radio y televisión WIPR, en el término de 15 días, el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson L. Guzmán López, se comunicó, mediante carta, con la gobernadora Wanda Vázquez Garced instándola a establecerle con claridad y defender ante el ente federal que WIPR se queda en manos del Gobierno de Puerto Rico, tal como lo expresó en entrevistas con la prensa en las pasadas semanas.
Estaríamos faltando a la verdad si señaláramos que existe un problema de comunicación en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Tampoco podemos decir que exista alguna dificultad insalvable para tener acceso al personal directivo de la agencia y de igual manera, prevalece siempre una adecuada disposición para discutir los asuntos de interés para los trabajadores que representamos.
El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), la Unión General de Trabajadores (UGT), United Steelworkers y PROSOL- UTIER que representan trabajadores y trabajadoras municipales emplazaron a la juez federal Laura Taylor Swain y a la Junta de Control Fiscal (JCF) a que busquen los recursos económicos necesarios ante la determinación judicial de dejar sin efecto la Ley para la Reducción de Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29 del 2019) el cual le impone el pago al sistema de retiro y el plan médico a los municipios.
La dirección de los Hospitales HIMA-San Pablo de Caguas, Cupey y Fajardo notificaron que en los próximos días estarán despidiendo y reduciendo la jornada de los profesionales de la salud que laboran en estas tres facilidades hospitalarias, denunció el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson L. Guzmán López, sindicato que representa a los trabajadores de la salud en las tres facilidades donde se pretende despedir el personal.
El incumplimiento de las medidas de seguridad y protección por parte del Departamento de Corrección en el Programa de Salud Correccional aumenta el riesgo de comprometer la salud y la vida de los empleados y confinados denunció el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson L. Guzmán López.
En una extensa y pormenorizada misiva, dirigida al único sindicalista que forma parte del Task Force Económico nombrado por la Gobernadora, una docena de sindicatos y organizaciones presentaron a dicho grupo empresarial las necesidades que deben satisfacerse a los trabajadores para garantizar su salud y su seguridad en los centros de trabajo ante las propuestas para un reinicio de la actividad económica solicitada por grupo y adoptadas por la primera Ejecutiva del país.
El presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson L. Guzmán López, se sumó al reclamo de los especialistas en salud pública en denunciar la flexibilización de las normas de seguridad sin contar con evidencia científica que la sustente.
