Empleados de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública pidieron a la gobernadora, Wanda Vázquez, que reitere su posición en defensa de WIPR y que aclare las expresiones del Director Ejecutivo, Eric Delgado, quien señaló que contaba con el aval de la Primera Ejecutiva para presentar un proyecto que privatizaría las televisoras y radioemisoras del pueblo de Puerto Rico transformándola en una empresa sin fines de lucro.
Es natural que cada uno de los compañeros y compañeras de trabajo en WIPR sienta ansiedad ante los anuncios de la Junta de Control Fiscal, la situación experimentada en el pasado día de cobro y la incertidumbre que rodea el hecho del rumbo definitivo que habrá de tomar la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.
En el dia de ayer 5 de mayo Physician, entregó incentivos a sus empleados, entregando a su Auxiliares de Farmacia. Nuestros auxiliares no recibieron este incentivo de Corrección. Esta acción de que a unos sí y a otros no, todos estando en la misma clasificación, es inaceptable.
Los trabajadores de la Corporación para la Difusión Pública y sus radioemisoras AM y FM, junto a las Televisoras WIPR TV Canal 6 y WIPM Canal 3, no tienen la menor duda de la decisión que tomará la Gobernadora para que dichos medios de comunicación permanezcan en manos del pueblo de Puerto Rico. Su voluntad y entereza política están seriamente comprometidas ante sus expresiones de conservar en manos del pueblo esta importante Corporación. Así lo expresó Gerson L. Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores, gremio que agrupa a los empleados de esta corporación.
Hoy los trabajadores y trabajadores de todas las latitudes celebramos nuestro día. Lo hacemos con el orgullo y la conciencia de ser los que producimos toda la riqueza que se genera en el mundo. Es nuestra aspiración que la misma se distribuya de forma más equitativa para que todos alcancemos un nivel de vida superior con mayor calidad de vida para nuestras familias.
Diferentes organizaciones sindicales que han venido celebrando una intensa y efectiva Jornada Virtual en saludo al 1ro de mayo rechazaron enérgicamente las amenazantes expresiones que ha hecho la Policía de Puerto Rico en torno a su unilateral decisión de reprimir las manifestaciones públicas que puedan desarrollarse en el día de mañana.
Una decena de sindicatos expresó su preocupación y rechazo a la reapertura social sin contar con las medidas necesarias para garantizar la salud y la vida del pueblo trabajador. Al mismo tiempo que denunciaron la lentitud del Gobierno para proveer las ayudas que se han dispuesto para asistir a las familias en su confinamiento, las deficiencias administrativas del Departamento del Trabajo para atender satisfactoriamente las solicitudes del Seguro por Desempleo y el innecesario e incomprensible atraso en la realización masiva de las pruebas diagnósticas de coronavirus.
Ante la insistencia de la Junta de Control Fiscal y su mandato para que el Gobierno de Puerto Rico se deshaga de la Corporación para la Difusión Pública y sus emisoras de radio y televisión WIPR, en el término de 15 días, el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson L. Guzmán López, se comunicó, mediante carta, con la gobernadora Wanda Vázquez Garced instándola a establecerle con claridad y defender ante el ente federal que WIPR se queda en manos del Gobierno de Puerto Rico, tal como lo expresó en entrevistas con la prensa en las pasadas semanas.
Estaríamos faltando a la verdad si señaláramos que existe un problema de comunicación en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Tampoco podemos decir que exista alguna dificultad insalvable para tener acceso al personal directivo de la agencia y de igual manera, prevalece siempre una adecuada disposición para discutir los asuntos de interés para los trabajadores que representamos.
El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), la Unión General de Trabajadores (UGT), United Steelworkers y PROSOL- UTIER que representan trabajadores y trabajadoras municipales emplazaron a la juez federal Laura Taylor Swain y a la Junta de Control Fiscal (JCF) a que busquen los recursos económicos necesarios ante la determinación judicial de dejar sin efecto la Ley para la Reducción de Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29 del 2019) el cual le impone el pago al sistema de retiro y el plan médico a los municipios.
