En una extensa y pormenorizada misiva, dirigida al único sindicalista que forma parte del Task Force Económico nombrado por la Gobernadora, una docena de sindicatos y organizaciones presentaron a dicho grupo empresarial las necesidades que deben satisfacerse a los trabajadores para garantizar su salud y su seguridad en los centros de trabajo ante las propuestas para un reinicio de la actividad económica solicitada por grupo y adoptadas por la primera Ejecutiva del país.

El presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson L. Guzmán López, se sumó al reclamo de los especialistas en salud pública en denunciar la flexibilización de las normas de seguridad sin contar con evidencia científica que la sustente.

Gerson Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), gremio que agrupa a los trabajadores del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), defendió hoy la labor que realizan los empleados de la agencia procesando las solicitudes del seguro por desempleo y pidió un mayor nivel de comprensión sobre el desempeño de este personal ante el alto número de quejas que se han hecho públicas sobre la atención de las solicitudes.

En momentos en que se espera se incremente el número de personas afectadas por el Coronavirus en nuestra Isla, la corporación Salud Integral de la Montaña (SIM) suspendió de empleo y sueldo a más de 137 Trabajadores de la Salud, incluyendo el personal unionado y gerenciales, en sus centros que sirven a los pueblos de Comerio, Barranquitas, Corozal, Naranjito, Orocovis, Toa Alta y Bayamón, poniendo en riesgo la salud y la vida de los miles de ciudadanos residentes en estos pueblos denunció Gerson Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT).

El presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson Guzmán López pidió a la gobernadora, Wanda Vázquez, incluya a escoltas, conserjes, personal de dietas, lavandería, así como todo el personal de salud activado para atender esta crisis y a los agentes de rentas internas del Departamento de Hacienda en las bonificaciones anunciadas para los empleados que están trabajando contra la epidemia del coronavirus.

En una carta dirigida a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, la Unión General de Trabajadores (UGT), en nombre de sobre 6 mil trabajadores de la salud, urgió la intervención de la primera mandataria a que se establezca como prioridad, tanto en el sector público y en el privado, garantizar la salud y seguridad de este personal esencial e imprescindible en momentos en que el país enfrenta la epidemia del coronavirus (COVID-19).

El presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson Guzmán López pidió hoy a la Legislatura enmendar la Resolución Conjunta 492 del Senado por excluir de los beneficios propuestos a los trabajadores de la salud y otro personal.

Empleados de los hospitales HIMA-San Pablo alertaron hoy sobre la falta de equipos de protección adecuados para el manejo de los pacientes que llegan a la institución hospitalaria con síntomas asociados al coronavirus y la falta de información por parte de los supervisores de cómo tratar estos casos.

El proyecto de la Cámara de Representantes 2447 radicado hoy por el representante Dennis Márquez establecería que, durante declaraciones de estado de emergencia decretadas por el Gobierno de Puerto Rico o por el Secretario de Departamento de Salud, donde se ordene el cierre de las operaciones de comercios e industrias, se les pague el salario íntegro por el período que dure el cierre hasta un máximo de 2 semanas a los empleados que no pueden laborar debido al cierre.

El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson L. Guzmán López, solicitó en el día de hoy a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, que insista ante la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) el cierre inmediato de los puertos y aeropuertos del país, limitándolos solamente al arribo de carga comercial que contenga alimentos y medicinas, así como equipos, productos y materiales para prevenir, atender y combatir la posible infección por el coronavirus como el próximo paso necesario para garantizar la efectividad del programa de distanciamiento social que ya está vigente en el país.